México, rezagado en el combate a la trata de personas

Ciudad de México.- (Nidia Marín / El Sol de México - Organización Editorial Mexicana) En México, como país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas, son explotados ciudadanos de Argentina, China, Costa Rica, Cuba, el Caribe, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hungría, Nicaragua, Panamá y Venezuela, a la vez que es puerta de salida a Estados Unidos, Europa y Japón. Así lo señala el catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República, Erick Gómez Tagle López.

Y al efectuar un balance sobre este delito, menciona a lo que se reduce: desarrollo incipiente de la investigación nacional, interés centrado en lo jurídico, uso irresponsable de cifras, limitado avance en perfiles criminales y victimales, desconocimiento de patrones de demanda, confusión conceptual y ausencia de impacto en la toma de decisiones.

Resalta lo "lamentable" que resulta el hecho de que México tenga este serio problema, "pues la trata tiene como principales fines las adopciones ilegales, la explotación sexual y laboral, los matrimonios forzados, la servidumbre involuntaria y el tráfico de órganos".
Además, dice, "puede ocasionar en las víctimas innumerables consecuencias negativas, como embarazos no deseados, trastornos del sueño, tendencias suicidas, adicciones, desórdenes alimenticios, anulación retroactiva, delirios de persecución, desorden de estrés postraumático, distorsión de la imagen corporal y contagio de enfermedades de transmisión sexual".

En su trabajo "La Trata de Personas", el maestro analiza la extensa cantidad de instrumentos internacionales que han buscado contribuir a la erradicación de la trata, "sin que hasta la fecha esto se logre".

A su juicio son sobresalientes los convenios de la Organización Internacional del Trabajo: el 29, relativo al trabajo forzoso u obligatorio; el 105, sobre la abolición del trabajo forzoso; el 138, sobre la edad mínima de admisión al empleo; y el 182, sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación.

Comenta además que en el contexto mexicano, desde 2001 se instaló la Coordinación Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Explotación Sexual Comercial Infantil. Ese mismo año, agrega, el Sistema Nacional DIF instrumentó el Programa para la Prevención, Atención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial Infantil.

Menciona que dicho programa en un principio operaba en 23 ciudades de 11 estados. Posteriormente en 18: Baja California, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán.

Gómez Tagle López, al continuar con su exposición, alude a que en 2002 se presentó la campaña "Abre los ojos", coordinada por Inmujeres, PGR, DIF Nacional y UNICEF, la que incluyó cápsulas de radio y televisión, así como la distribución de carteles. Más adelante, recuerda, se puso en marcha la segunda fase de la campaña: "Abre los ojos pero no cierres la boca", con lo cual se buscó incentivar la denuncia.

Asimismo, explica que "en 2002, el Programa de Cooperación Técnica en Materia de Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT y la SPTS buscaron cumplir el Convenio 182 (ratificado por México en 2000) mediante la atención de una de las peores formas de "trabajo infantil", si es que así se le puede llamar a lo que en esencia son delitos". Del 30 de septiembre de 2002 al 30 de mayo de 2005, añade, se implementó el programa de apoyo para la prevención y eliminación de la Explotación Sexual Comercial Infantil y Adolescente (ESCI) y la protección de víctimas de Explotación Sexual Comercial (ESC) en México, con cobertura nacional, pero con énfasis en Acapulco, Guadalajara y Tijuana.

Los pocos campanazos

Considera que dentro de lo sobresaliente está que el 25 de marzo de 2004 se presentó, en el Senado de la República, la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; trabajo en el que el Instituto Nacional de Ciencias Penales tuvo un papel primordial en su elaboración.

También señala que recientemente, el 31 de enero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/024/08, por el cual se creó la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

Abrogó el Acuerdo A/003/06 del procurador General de la República por el que se creó la fiscalía especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país. Ahora cuenta con facultades para investigar y perseguir los delitos previstos en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2007. Cuando los delitos de trata son cometidos por la delincuencia organizada, es competente para investigar la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos, adscrita a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, la cual se coordinará con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

En este 2009, el 27 de febrero, precisa, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. En él se menciona a quienes son los miembros y los participantes de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Esta Comisión, explica, tiene por objeto coordinar las acciones de sus integrantes para elaborar y poner en práctica el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y los programas permanentes, así como aquéllas que realicen para prevenir el delito y proteger, atender y dar asistencia a las víctimas.

Y el catedrático expresa: "Como ciudadanos esperemos que sus integrantes estén a la altura de tan importante encomienda, pues hasta ahora, la política criminal adoptada y las investigaciones científicas desarrolladas carecen de la amplitud y profundidad necesarias, desprotegiendo con ello a la innumerable cantidad de víctimas; imagen negativa que proyecta México, tal como se documenta en el estudio: Trafficking in persons report 2008, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos".

Y concluye: "En fin, los retos son abundantes y las investigaciones pocas. Sobre la trata de personas aún falta mucho por conocer, por lo que urge la publicación de estudios serios, la armonización legislativa, la participación del sector turístico, capacitación amplia de funcionarios, campañas mediáticas y la defensa irrestricta de los derechos de las víctimas, tan olvidadas siempre en el derecho y en la sociedad".