Mendoza - Argentina.- (MDZ) Los diarios impresos ofrecen avisos convocando a menores de edad a “trabajar” como prostitutas. Aparecen en ellos todos los datos suficientes para realizar una investigación judicial en torno a una actividad ilegal. Pero no se hace. O no se conocen los resultados, en caso de que se esté haciendo. Nada desalienta la continuidad de estos anuncios en los diarios. .
Reclutan a menores de edad para explotarlos sexualmente ante nuestra vista. Aunque la ley protege sus derechos y, a pesar de que la fragrante violación legal es publicada en los diarios de mayor circulación de nuestra provincia en el día en que logran vender mayor número de ejemplares (el domingo), no hay quien impida el reclutamiento de chicas menores de edad para la trata de blancas.A cambio de monedas y sin contar con filtros que impidan su publicación, este domingo los diarios impresos de Mendoza ofrecieron –en su sección de avisos clasificados- por lo menos 20 “oportunidades laborales”, para alquilar su cuerpo, destinados tanto para chicas como hombres menores de edad.
Ya sin siquiera disfrazar los anuncios, directamente puede leerse el destino de los “empleos” (ya en esa sección son publicados, irónicamente): “agencia de acompañante, sólo dos por turno, departamento privado, damos alojamiento”. Está claro: las quieren de “18 años en adelante”, aunque hay avisos que, directamente, se sinceran: “no hay límites de edad”, señalan.
Lo curioso es que lo hacen a la vista de todos: de los lectores, de nuestros hijos, de jueces y fiscales, de las autoridades provinciales en materia de protección de niños y adolescentes, de aquellas que resguardan los derechos de género y de policías que deberían impedir estas actividades ilícitas.
Una novela de televisión y una infinidad de programas y campañas nos han alertado sobre cómo, a través del engaño, son quitadas de sus hogares jóvenes adolescentes disconformes y trasladadas a recónditos parajes del país o del exterior, bajo condiciones de esclavitud, para ejercer la prostitución de manera forzada, hasta quedar alienadas o, en muchos casos, aparecer muertas.
Todos nos conmovimos con el caso de Marita Verón y la lucha sin cuartel de su madre, quien sabe qué le pasó a su hija: eso, precisamente. Se la llevaron para explotarla. Y tras su ruta, la madre desenmascaró a delincuentes de baja calaña y a delincuentes poderosos; a explotadores reconocidos pero en libertad y a miembros de los poderes públicos.
Los avisos que este domingo pudimos leer en Mendoza incluyeron cifras con capacidad de interesar a cualquiera que está desempleado: 300 pesos diarios es la oferta más económica con la que se tienta a las y los jóvenes menores a sumarse.
La ley 26.061 protege los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero parece no ser suficiente para quienes no tienen empacho en ofrecer un “servicio” acorde con la demanda de miles de usuarios que cada vez piden que sus objetos sexuales sean más jóvenes, sin importarles de dónde vienen, que edad (y derechos) tienen, ni mucho menos en qué condición fueron reclutadas y son sostenidas dentro del circuito de la trata de blancas.
El Código Civil argentino establece en su artículo 128 que la mayoría de edad se produce a los 21 años.
El Código Penal, en tanto, establece penas que van desde los 6 meses hasta los 10 años de cárcel para quienes intervengan en la cadena de prostitución, lo que vale tanto para explotadores como justificadores de esa explotación, los mal llamados “clientes” de un producto que no es tal, sino que se trata de seres humanos.
Pero su aplicación depende de personas que, como tales, son falibles. El historial de casos está lleno de respuestas oficiales ante denuncias concretas, tales como: “si lo hacen, es porque les gusta”; “ya están bastante creciditas como para decidir” o bien, “seguramente lo vienen haciendo desde chiquitas”.
En los pasillos de los Tribunales algunos abogados dan cuenta de haber escuchado, más de una vez, hasta expresiones de envidia hacia los “clientes” atrapados –rara vez- in fraganti: “pobre tipo, a cualquiera le puede pasar”, indica el rumor.
Pero acaso ¿importa sólo si se trata de menores? Importa más, por su indefensión. Pero debe tenerse en cuenta la profundidad que el problema ha adquirido en la Argentina en la actualidad. Miles de niños que son hijos de madres desaparecidas, que fueron sumadas a esta esclavitud del nuevo siglo (que es la trata de personas), esperan a sus madres.
En más de una oportunidad se ha señalado que “la explotación sexual infantil no existiría sin que haya clientes”. Así o ha sostenido la senadora nacional María Cristina Perceval, impulsora de la legislación nacional en materia de control y sanciones a la trata.
Los “clientes”, por un lado; los perpetradores de los secuestros, por el otro. Y la sociedad y el poder político que hacen silencio frente al drama, constituyen las tres patas de una realidad tenebrosa que no se encausa jurídicamente y que es más: se escapa de las manos de la ley, aun bailando ante nuestros ojos.
Detrás de un tentador aviso puede haber una de estas organizaciones. No lo sabemos a ciencia cierta. Para ello deberían reaccionar las instancias judiciales cotejando todo lo que está a la vista con el Código Civil y encontrarán direcciones y teléfonos a dónde dirigir su investigación.
En Mendoza se han conocido casos resonantes: la reiteración en la aparición de chicas de origen paraguayo en el municipio de Gral. Alvear, la explotación sexual de adolescentes en locales ubicados en Godoy Cruz, la protección oportuna y puntual ofrecida por la Justicia a casos del Valle de Uco alcanzaron algún nivel de difusión.
Pero lo subterráneo es lo que sigue primando. Un secuestro no es tarea sencilla. Requiere de una estructura y una logística detrás, además de complicidades locales que le ofrezcan una “liberación de zonas” para poder actuar. Como toda mafia, siempre hay alguien que “es el dueño” del territorio. Y necesita de una red de influencias que le garantice impunidad para subsistir.
En el país ya se registran desapariciones de chicas reclutadas de esta manera desde los 13 años. Esto permite mirar con otros ojos ese aviso del diario que tienta: “Sin límites de edad”, ¿o no? Las mujeres que han logrado escapar de las redes de la trata hablan de torturas, privaciones y amenazas de muerte contra sus familiares.
Nada ni nadie detiene la demanda. Y, por lo que vimos este fin de semana en los diarios, tampoco el reclutamiento engañoso.
Córdoba - España.- (Europa Press) La Guardia Civil, en la denominada operación Kolmo, llevada a cabo simultáneamente en diez provincias españolas, ha procedido a la detención de cuatro personas y a la imputación de otras ocho, presuntamente implicadas en la distribución de vídeos y fotografías de pornografía infantil. Según informó hoy el Instituto Armado en un comunicado, la investigación se inició en mayo del pasado año, a raíz de la denuncia presentada ante la Guardia Civil de Córdoba por un internauta, en la que exponía que al acceder a un programa de intercambio de archivos a través de Internet observó que en un archivo de música se encontraban camuflados vídeos y fotografías de alto contenido pedófilo.
