Turismo sexual infantil aumenta en el Perú

La permisividad ciudadana, en muchos casos de las propias autoridades locales, sumada a la falta de difusión de las normas que protegen a los niños, niñas y adolescentes, y la ausencia de sanciones drásticas y ejemplares a quienes las trasgredan, han llevado al auge en los últimos años del turismo sexual infantil en el Perú; un turismo dañino que el Gobierno busca erradicar mediante campañas de concienciación.

Aunque está más afincada en los países del sudeste asiático, esta actividad ilícita ha penetrado en Perú de la mano de turistas nacionales e internacionales. Lima encabeza la lista negra de las ciudades peruanas en las que se cometen mayores delitos de este tipo, sin embargo el paraíso sexual por excelencia está ubicado en la capital de la Amazonía peruana, Iquitos.

La Dirección Nacional de Turismo alertó, en un documento que publicó recientemente, que en esta urbe selvática el comercio sexual infantil es "directo y a la vista de todos". Las relaciones homosexuales con niños de entre 8 y 17 años "se realizan con total naturalidad y complicidad a la vista de transeúntes, comerciantes de la zona, autoridades y población en general", indica el informe oficial.

Los otros destinos peruanos donde se producen abundantes casos de violaciones de los derechos de los menores son Pucallpa, Tarapoto, Puerto Maldonado, Cuzco, Arequipa y la Libertad, algunos de los puntos más visitados por los turistas en el país. En estas ciudades, el contacto entre los turistas y los menores se realiza a través de pobladores -que ven en esta transacción una fuente de ingresos- e inclusive de guías de turismo, agentes de viajes, recepcionistas de hoteles y taxistas.

Inclusive, en algunos puntos, como la sur andina Cuzco, existen agencias clandestinas que ofrecen, a través de sus páginas web, paquetes turísticos que incluyen el turismo sexual con niños y adolescentes. Los denominados "night clubs", discotecas y hospedajes son los principales lugares donde se llevan a cabo estos delitos, que en los últimos tiempos han aumentado considerablemente en el país andino.

A la lacra de la pobreza, como una de las causas de esta explotación, se suma "la falta de una legislación específica que proteja a niños y adolescentes", destaca la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su último informe.

Por su parte, el representante de la Red Peruana contra la Pornografía Infantil, Dimitri Senmache, señaló que hoy el Estado peruano si cuenta con leyes que protegen a los niños, niñas y adolescentes de la Explotación Sexual Comercial Infantil. "En la actualidad la legislación peruana condena el Turismo Sexual Infantil con penas que van desde los 2 años (pena base) hasta los 10 años de pena privativa de la libertad (en su forma agravada). Del mismo modo, se sanciona el proxenetismo, el rufianismo, el favorecimiento a la prostitución, con penas que llegan hasta los 12 años de reclusión en su forma agravada. Inclusive existe la figura del 'usuario-cliente', que es aquella persona que hace uso de un servicio sexual con un menor de edad, sancionándose este delito con penas que van desde los 4 hasta los 6 años de cárcel efectiva" remarcó Senmache. "Lo que suele suceder es que para muchas entidades ligadas al turismo esta legislación es desconocida, incluso para muchas autoridades hablar de Explotación Sexual Comercial Infantil no les dice gran cosa, pues desconocen las normas existentes, o si las conocen no las respetan ni las hacen respetar. No basta por ello que un Estado cuente con leyes adecuadas, sino que el paso más importante es hacer que dichas normas se respeten y cumplan. Y no debemos olvidar que igual de importante que sancionar al agresor (violador) es proteger a la víctima y no victimizarla aún más" sentenció el representante de la RCPI - Perú, institución especializada en lucha contra la Pornografía Infantil.

El director Nacional de Turismo, Milton Guerrero, declaró que en muchos casos el comercio sexual cuenta con la colaboración y la permisividad de los familiares, que ejercen una fuerte presión sobre los menores para que traigan dinero a casa.

Para Guerrero, uno de los problemas más graves es la "permisividad social", además de la "falta de policías, jueces y fiscales" que busquen frenar esta actividad. "El Estado es muy débil y está parcialmente corrupto para afrontar la lucha contra la explotación sexual infantil", considera este funcionario, que agrega que "además, faltan los recursos para fomentar la prevención".

Ello explica que la campaña gubernamental para sensibilizar a quienes ofrecen servicios turísticos con el fin de evitar esta actividad ilegal esté financiada por Unicef. Esta campaña, que pretende concienciar a la población e informar de las penas para quienes cometan estos delitos, va acompañada de los esfuerzos del Ministerio de Turismo para extender al país el Código de Conducta Infantil en los Viajes y el Turismo.

Este instrumento, al que se puede adherir de forma voluntaria el sector empresarial turístico, está implantado desde hace tiempo en otros países latinoamericanos como Brasil, Costa Rica, República Dominicana y México. En todos ellos, el objetivo último es detener la decisión de aquellos turistas que ven en los menores unos "mejores atributos físicos, un trato más cariñoso y un mayor control" sobre ellos, reportó la Red Internacional de Organizadores contra la Explotación Sexual Infantil (ECPAT) en un informe.