Aumenta trata y venta de menores en Guatemala. Debilidad en legislación impide condenas drásticas

Escribe: Coralia Orantes

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Guatemala.- La frontera entre Guatemala y México es el centro de actividad de la trata de personas, un delito que sólo en lo que va de este año ha superado el total de casos que se conocieron en el 2006. Allí, las niñas de entre 8 y 14 años son vendidas por entre US$100 y US$200, a fin de que sean utilizadas para diversos fines.

Un estudio de la organización Fin de la Prostitución Infantil, la Pornografía y el Tráfico de Niños con Fines Sexuales (Ecpat, en inglés) detalla que en Tapachula, Chiapas -ciudad fronteriza con Guatemala-, existen 21 mil víctimas de ese flagelo, y mil 552 bares y burdeles. El 58 por ciento de las afectadas son guatemaltecas, y el resto proviene de Honduras, Nicaragua y El Salvador.

María Eugenia Villarreal, representante de Ecpat en Guatemala, afirmó que menores de entre 8 y 14 años son llevadas con engaños hacia la frontera, donde son vendidas por entre US$100 y US$200. Aunque la mayoría son explotadas sexualmente, también las compran para que trabajen en el servicio doméstico, en la agricultura, como seleccionadoras de basura, en la mendicidad, prostitución, comercio ambulante y albañilería. El 45 por ciento de las menores que son blanco de esas redes ha sufrido abuso sexual antes de cumplir los 12 años.

El Ministerio Público (MP) considera esa frontera como una de las áreas donde más se comete la trata de personas, y el estudio de Ectap revela que Tapachula es el punto donde se inicia la ruta de la venta, hacia varios destinos -como el Distrito Federal, Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora-, hasta llegar a Estados Unidos.

Guatemala fue sancionada por Estados Unidos, por su falta de voluntad para combatir la trata, que al año puede generar ganancias de hasta US$12 mil millones para las redes de traficantes.

Casos, en aumento

En lo que va de este año, el Ministerio Público ha recibido 51 procesos relacionados con trata de personas. En todo el 2006 sólo se conocieron 34. Álex Colop, fiscal del MP, detalló que uno de los principales problemas es que no cuentan con legislación que establezca condenas drásticas, pues muchos de los sindicados obtienen libertad por medio de fianza. “Tampoco hemos logrado sancionar al establecimiento donde hemos localizado a las menores, porque la ley no lo contempla; a veces, sólo tiene sanciones administrativas”, afirmó Colop.

Actualmente se utilizan leyes como la de Migración y el Código Penal. El Congreso de la República aún no decide los cambios a un anteproyecto de ley presentado por organizaciones civiles.

La Fiscalía ha presentado acusaciones contra dueños de prostíbulos, pero la única forma de que se les dé trámite es por corrupción de menores y contratación de indocumentados.

A ello se suma que las víctimas, que muchas veces portan cédulas falsas para fingir mayoría de edad, no presentan ninguna denuncia, pues están sometidas a sus explotadores y temen perder los ingresos que, en la mayoría de los casos, envían a sus familiares.