Red Peruana contra la Pornografía Infantil

Asociación Civil sin fines de lucro, que busca la erradicación de las redes de productores, distribuidores y consumidores de pornografía infantil en el Perú y Latinoamérica, principalmente de aquella que se ejecuta vía Internet. Asimismo, lucha contra la Trata de Personas, la Explotación Sexual Comercial Infantil y el Tráfico de niños, niñas y adolescentes, trabajando en coordinación con otras instituciones que persiguen similares fines.

viernes, julio 20, 2007

En Costa Rica preocupa imagen del país como destino de pedófilos. Presidente Arias aboga por acciones más efectivas contra la ESCI

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San José - Costa Rica.- El incremento del abuso y explotación sexual de menores forma parte de la realidad nacional. El presidente de la República, Óscar Arias, espera que la nueva ley contra esas prácticas sea efectiva para contrarrestar la acción de quienes ven a Costa Rica como destino para el turismo sexual y la pedofilia.
Ayer en Casa Presidencial fue la firma del nuevo marco jurídico en defensa de la integridad de los infantes y adolescentes. Durante su intervención el presidente Arias manifestó que el primer paso en esa lucha surgió hace mucho tiempo cuando el país reconoció como un problema el ser un destino internacional para turistas cuyo interés va más allá de la flora y fauna, cuyo propósito va detrás de la inocencia de cientos de niños y niñas costarricenses. En el peor de los casos ser calificados como una zona de tránsito para la trata de menores con fines de explotación sexual. “De nada nos sirve negarlo. No podemos combatir un monstruo si nos empeñamos en negar su existencia. Aceptarlo no es suficiente para combatirlo con éxito. Se requieren acciones directas y concretas, se requieren políticas coordinadas y efectivas; se requiere sobre todo un cambio de actitud”, puntualizó el mandatario.
En ese sentido agregó que Costa Rica no empezará a ver los frutos de sus acciones por combatir la explotación sexual infantil, si cada uno de sus habitantes no se esfuerza en igual o mayor medida que el Gobierno.
Tras la firma de la nueva ley, el presidente Arias comentó que ese documento no será suficiente porque tiene que complementarse con un cambio de actitud y el mejoramiento social y económico de los costarricenses. Para así evitar que la pobreza motive a las nuevas generaciones a lucrar con sus cuerpos.
En el documento plasmaron sus firmas el mandatario, el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, la vicepresidenta de la República y ministra de Justicia, Laura Chinchilla, y el presidente ejecutivo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Mario Víquez.
La Ley contempla sanciones para quienes posean o tengan alguna relación con pornografía infantil, así como ampliar el plazo de prescripción para que las víctimas tengan tiempo de confesar algún tipo de abuso hasta que alcancen los 18 años.
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Plan de acción
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Ayer, el Consejo de Gobierno conoció las diferencias entre la Junta Directiva del PANI y Mario Víquez, que motivaron la separación de los directivos de esa entidad.
Al respecto, Víquez comentó que el PANI es un ente maduro y esta nueva fase no afectará sus planes y cumplimiento de metas a favor de la niñez costarricense. Mientras que el ministro Arias afirmó que el rector del sector social, Fernando Zumbado, y la vicepresidenta de la República, Laura Chinchilla realizarán un diagnóstico de la entidad para presentarlo el próximo miércoles en Casa Presidencial.
Por otra parte, el PANI presentó el Plan Nacional contra la Explotación Sexual Infantil, documento donde se resumen una serie de acciones para contrarrestar ese tipo de prácticas.
Víquez explicó que son trabajos junto a entes internacionales u organizaciones no gubernamentales, acompañadas de acciones interinstitucionales para impactar directamente ese flagelo dentro de la sociedad costarricense.
Una de los primeros pasos será el desarrollo de investigaciones y seguimiento a casos especiales en los cantones destacados por la prostitución infantil. La idea es llegar a los hogares y dar orientación en los centros educativos de las comunidades en mayor riesgo.
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