En Bolivia desarticular red de trata de personas, que traficaba con colombianas y paraguayas

Bolivia.- Tras varias semanas de investigación el Ministerio Público y la Policía de Bolivia encontraron un lugar donde vivían 39 extranjeras, las cuales presuntamente son obligadas a prostituirse. La Fiscalía y la Policía investigan a una supuesta red de trata y tráfico de personas que recluta a extranjeras, principalmente, para obligarlas a trabajar en conocidos clubes nocturnos y lenocinios de la capital cruceña.

Después de tres semanas de seguimiento, ayer se allanó una casa del segundo anillo, entre las avenidas Paraguá y Canal Cotoca, donde se descubrió a 39 paraguayas y colombianas viviendo hacinadas en pequeñas habitaciones. Aunque no se detuvo a ninguna persona, las mujeres fueron trasladadas hasta el Ministerio Público, identificaron a quiénes las contrataron y las llevaron al lugar donde vivían. Sin embargo, las autoridades no quisieron revelar sus identidades hasta concluir la investigación.

Los agentes de la División Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), contaron que las trabajadoras sexuales fueron halladas durmiendo en habitaciones sucias que tenían sobre las camas montones de ropa y en el piso platos con restos de alimentos. Ninguna de ellas tenía carnet de sanidad.
La fiscal Rose María Barrientos explicó que las extranjeras después de ser interrogadas, pudieron irse libremente. “Todas tenían sus documentos en orden, es decir, estaban legalmente en el país. pero estamos investigando a una supuesta red de traficantes de personas”, explicó la fiscal.

El Cónsul del Paraguay en Santa Cruz, Oswaldo Ostertag, dijo no haber sido notificado sobre el caso de sus coterráneas. Afirmó que se contactará con las autoridades que intervinieron en el operativo para que le informen la situación de las paraguayas, principalmente. “En los próximos días nos pronunciaremos sobre esto”, dijo.

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Código penal

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Trata de seres humanos • Según el Código Penal, en su artículo 281, será sancionado con una pena privativa de libertad de 8 a 12 años, el que por cualquier medio de engaño, coacción, amenaza, uso de la fuerza y/o de una situación de vulnerabilidad aunque medie el consentimiento de la víctima, por sí o tercera persona induzca, realice o favorezca el traslado o reclutamiento, privación de libertad, resguardo o recepción de seres humanos, dentro o fuera del territorio nacional con el fin de explotación sexual comercial.