Méjico es un país de tránsito obligado para la Trata de Personas

Méjico.- La explotación es un delito considerado como una modalidad contemporánea de la esclavitud que viola los derechos humanos fundamentales México es en la actualidad un país de origen, tránsito y recepción de migrantes. Por sus fronteras entran y salen anualmente millones de personas, como turistas, visitantes locales o trabajadores temporales. Además de estos flujos en las últimas décadas ha cobrado especial importancia el tránsito por el territorio mexicano de miles de migrantes irregulares que se dirigen hacia Estados Unidos procedentes en lo fundamental de Centroamérica y en menor medida de otros países, mismos que se suman al flujo de cientos de miles de emigrantes mexicanos indocumentados que intentan cruzar la frontera con Estados Unidos. También se identifican miles de migrantes internos y potenciales.
Esta situación ha contribuido a aumentar la vulnerabilidad de millares de personas, sobre todo mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como a exponerlas a ser víctimas de la trata de personas, principalmente con fines de explotación sexual y laboral.
La trata de personas es un delito con terribles consecuencias, considerado como una modalidad contemporánea de esclavitud y como una forma extrema de violencia contra mujeres y niños que viola sus derechos humanos fundamentales.
Debido a su naturaleza clandestina y a la falta de consenso en la definición y comprensión de este fenómeno, resulta sumamente difícil establecer con precisión cifras o estadísticas. No obstante, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que, a nivel mundial, cada año aproximadamente un millón de hombres, mujeres, niños y niñas son engañados, vendidos, coaccionados o sometidos a condiciones semejantes a la esclavitud bajo distintas formas y en diversos sectores: construcción, maquila, agricultura, servicio doméstico, prostitución, pornografía, turismo sexual, matrimonios serviles, niños soldados, tráfico de órganos, venta de niños, entre otros, siendo las mujeres, las niñas y los niños el sector más vulnerable.
De acuerdo con el Informe Anual sobre Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos, cada año entre 600 mil y 800 mil personas cruzan las fronteras internacionales como víctimas de trata; de esta cifra el 80 por ciento son mujeres y niñas y el 50 por ciento son personas menores de edad.
Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que del total estimado de personas sometidas a trabajos forzados como consecuencia de la trata (calculado por ese organismo en 2,450,000) alrededor de 56 por ciento de las víctimas de trata con fines de explotación económica o laboral son mujeres y niñas y el 44 por ciento restante son hombres y niños.
Asimismo, en el caso de trata con fines sexuales, una abrumadora mayoría del 98 por ciento es ocupado por mujeres y niñas.
Estas primeras estimaciones muestran una realidad ineludible: la trata de personas es un crimen que no es neutral en términos de género y que afecta a las mujeres de manera desproporcionada. No sólo por registrar la mayor parte de las víctimas, incluso en el sector laboral, sino porque las formas de explotación a las que son sometidas suelen ser más severas.
La trata de mujeres debe entenderse en el amplio contexto de desigualdad y violencia estructural a las que están sujetas. En todas las sociedades, en mayor o menor grado, las mujeres y las niñas enfrentan constantes violaciones a sus derechos humanos y/o a sus derechos económicos en los lugares de origen.
En general, las mujeres están más afectadas por la violencia y la discriminación de género en la educación, la inequidad laboral, caracterizada por la segregación ocupacional y una representación desproporcionada en los sectores informales de empleo. Todo ello trae como consecuencia una muy particular vulnerabilidad así como una enorme inseguridad económica y por lo tanto la propensión a migrar, generalmente en forma irregular, a pesar de los riesgos e implicaciones que esto conlleva.
Las mujeres por lo general experimentan un acceso desigual a los canales formales para emigrar, dada la poca o pobre información sobre los riesgos potenciales en el trayecto y la ausencia de redes de servicios especializados a lo largo de las rutas migratorias especialmente en términos de salud y asistencia médica de emergencia para aquellos casos en que tienen poco o ningún poder de decisión para evitar relaciones sexuales peligrosas o no deseadas durante el trayecto. Igualmente, las oportunidades de empleo, tanto en los países de tránsito como en los de destino, suelen ser más limitadas para las mujeres migrantes.
Los sectores donde tradicionalmente existe “demanda femenina” son en su mayor parte informales, poco protegidos y no regulados, lo que las hace más dependientes de redes de intermediarios sea de tratantes o traficantes (conocidos también como polleros o coyotes). Estos, entre muchos otros factores, hacen a las mujeres más proclives a ser presa de la trata y la explotación en todo el mundo.
La desintegración de la antigua Unión Soviética y la consiguiente inestabilidad política y económica han conducido a un importante aumento de trata de mujeres provenientes de Europa Central y Oriental. Al respecto, la OIM estima que cada año alrededor de medio millón de mujeres son sometidas en condición de trata en los mercados de prostitución locales europeos. Igualmente entre 2 mil 500 y 3 mil mujeres de estas regiones son explotadas en Israel.
Como resultado de conflictos sociales prolongados, algunos países de la ex Yugoslavia se han convertido en principales destinos de la trata de persona así como en importantes centros de operaciones y tránsito de mujeres y niñas de Europa central y oriental. Kosovo es uno de los ejemplos más alarmantes: actualmente, de acuerdo con estimaciones de la OIM, cerca de 300 mil mujeres víctimas de trata en la Unión Europea, son de origen o han transitado por los Balcanes.
Lógicamente las formas de explotación, el modo de operación y las rutas son distintas en cada región y país. Además, no son estáticas sino que se van desarrollando y adaptando de acuerdo a una demanda creciente. Algunos países africanos, especialmente Sudáfrica y Nigeria, se han convertido en centros de origen, tránsito y destino tanto de víctimas, como de tratantes, ya sea para explotación interna o internacional.
La OIM ha confirmado por ejemplo, el aumento en el número de mujeres sudafricanas víctimas de prostitución en distintos países del Este de Asia, así como mujeres provenientes de China, Tailandia o Rusia explotadas en Sudáfrica.
La trata de niñas y niños africanos también ha cobrado dimensiones importantes. UNICEF estima que 32 por ciento del total de las personas menores de edad explotadas en el mundo son africanas. Tanto dentro del continente como fuera de él, alrededor de 16 millones de niñas y niños son sometidos a trabajos forzados, venta, mendicidad, prostitución y pornografía; también son vendidos o forzados a ser soldados o esclavos de grupos militares. En este último aspecto se estima que cerca de 300 mil personas menores de edad están vinculadas con grupos armados, de los cuales el 40 por ciento son niñas.
Por otra parte, cerca de un tercio del total del flujo de la trata lo ocupan los países asiáticos. Hong Kong, por ejemplo, es primeramente una zona de tránsito para individuos explotados en China o en otros puntos de la región. Pero también es un importante centro receptor, pues se estima que cada año aproximadamente 20 mil mujeres y niñas son internadas con fines de explotación sexual.
Cifras similares existen en los que han sido reconocidos como los cuatro centros principales de la industria sexual de la región: Japón, Corea del Sur, Taiwán y Malasia. Tan sólo en este último país se calcula que hay entre 43 mil y 142 mil víctimas de trata. Destaca igualmente esta región por la trata de mujeres vietnamitas de entre 15 y 45 años para matrimonios serviles en China.
En el Medio Oriente, Líbano, Arabia Saudita, Bahrein, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos son reconocidos como puntos de tránsito y destino para la trata de mujeres provenientes de Asia, África y las ex republicas soviéticas. Asimismo debe subrayarse la trata de niños de Bangladesh, India y Pakistán que se comercian como jinetes en las carreras de camellos de Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.
Finalmente, la trata de mujeres en América Latina y el Caribe, aunque parece tener una dimensión importante a nivel interno, también responde a una amplia demanda internacional. Tradicionalmente, los centros de reclutamiento más activos han estado ubicados en Brasil, Colombia, República Dominicana, Surinam y las Antillas y más recientemente en México, Argentina, Ecuador y Perú.
Se estima que anualmente, cerca de 100 mil mujeres y adolescentes provenientes de estos países son conducidas con engaños y falsas promesas de empleo a Estados Unidos, España, Holanda, Alemania, Bélgica, Israel, Japón y otros países asiáticos.
Según cifras de la Dirección General de la Guardia Civil española alrededor de un setenta por ciento de las víctimas de trata de personas en ese país son mujeres provenientes de América Latina.
En Japón, cada año por lo menos mil 700 mujeres de Latinoamérica y el Caribe son tratadas como esclavas sexuales; incluso, otros estudios mencionan que alrededor de tres mil mujeres mexicanas ejercen la prostitución en ese país luego de ser reclutadas por redes de tratantes. Otra modalidad que se ha venido evidenciando en la región es la adopción de mujeres y niñas. En 1991, cerca de mil peruanas fueron llevadas a Holanda mediante mecanismos de adopción simulada. La víctima entra legalmente al país, pero su “padre” la somete a condiciones de trabajo abusivas o a explotación sexual.
Las regiones de América Central y el Caribe experimentan un creciente tráfico y trata de mujeres, niñas y niños para explotación sexual, con características y retos diferentes que deben considerarse al diseñar estrategias públicas. Conforme un estudio de la Comisión Interamericana de Mujeres y del Instituto Interamericano del Niño de la OEA, la región padece de ausencia de estrategias de prevención, protección, y procuración de justicia hacia los tratantes.
Las niñas, especialmente las que han sufrido abusos sexuales en el pasado, se encuentran desprotegidas frente a redes de explotación tanto domésticas como internacionales, alentadas por un mercado creciente de explotación sexual comercial infantil.