¿A quién se debe culpar?. El caso de las Fenix, Cholotube y el derecho a la intimidad

Autor: Dimitri Senmache A.
Cargo: Presidente de la RCPI-Perú

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La semana pasada, luego de que se hiciera público el hecho de la existencia de un vídeo grabado por medio de un celular, en el cual puede apreciarse a un grupo de jóvenes miembros femeninos del Escuadrón Fénix, de la Policía Nacional del Perú, al interior de las instalaciones de dicho escuadrón, específicamente en los dormitorios, en momentos en que terminaban de bañarse y se encontraban aún en ropa interior, las principales autoridades del país expresaron una irracional vocación de persecusión e indebida sanción por las víctimas más que por los víctimarios.

El llamado video de "las fenix en momentos de relax" desencadenó una serie de debates y comentarios que, lejos de centrarse en el tema principal, se concentró en culpar a las cuatro jóvenes, e incluso generó que la Ministra del Interior, la congresista Mercedes Cabanillas, y los principales jefes policiales hicieran coro exigiendo una "sanción ejemplar" para quienes estaban manchando la honra de la institución.

Ello nos hace recordar el debate generado, hace ya unos cuantos meses atrás (abril 2008), en torno al caso de la joven Johanna Nakano, ex miss Chiclayo, a quien le exigieron devolver la corona luego que fueran difundidos por Internet ciertos vídeos, en los cuales ella se estaría mostrando desnuda.

A pesar de que a partir de dichos vídeos, donde se ve a una joven desnudarse frente a la cámara, no se podía afirmar plenamente que se tratase de la señorita Nakano, el debate se concentró en culparla y hacerla ver como una persona poco digna de mantener la corona. Al parecer, aún la sociedad, y principalmente las autoridades, no entienden que frente a hechos como éste, los culpables no deben ser las víctimas. El único culpable es quien hace público dichos vídeos o imágenes.
Hubiera sido muy bueno escuchar de las autoridades la decisión de investigar quién o quienes colocaron dichos vídeos en la Internet, las empresas que permiten alojarlos en sus servidores y quienes posibilitan su difusión y comercializan con ellos, y no culpar ni atacar a quienes sólo han sido víctimas, aún cuando obviamente, en algunos casos, pudieron cometer el terrible error de dejarse grabar, exponiéndose a situaciones como las ocurridas.
Un tema aparte merece el hecho de ir discutiendo la probable responsabilidad compartida que tienen los que administran portales o servicios que, por un lado alojan en sus servidores, y por otro viabilizan la publicación o difusión de imágenes o vídeos que atentan contra la privacidad e intimidad de las personas y peor aún, generan lucro para sus portales con la incomodidad y verguenza de quienes allí son expuestos.
Un caso puntual es el del portal CHOLOTUBE, una empresa que basa su capital y su servicio en la publicación, promoción y difusión de imágenes y vídeos, principalmente caseros (amateur) de parejas teniendo sexo. Como es lógico pensar, un número importante de materiales pornográficos que ellos propalan o ayudan a difundir y exponer, no cuentan con la autorización de las personas que aparecen en dichos vídeos.
Recordemos sino el caso de la modelo Susan León, quien se vio afectada por la difusión de un vídeo íntimo que ella, si bien había permitido que se grabara, nunca aceptó ni permitió que se hiciera público ni se difundiera. Sin embargo, este tipo de portales, con la impunidad que la ignorancia de los gobernantes o la indiferencia que cierto público les otorgan, se permiten difundir, cuantas veces les de la gana, imágenes totalmente privadas, sin importarles la honra o el honor de quienes se ven perjudicados.
¿Es legítimo que una persona logre difundir un vídeo o una imagen íntima de una tercera persona, sin contar con la autorización de ella? ¿podría hacerlo sin contar con la "colaboración" de portales como Cholotube? ¿es menos responsable aquel que "sólo indexa" las imágenes o videos que aquel que aloja en sus servidores tal material? ¿acaso el tema se soluciona quitando luego dicha imagen o vídeo cuando ya fue difundido por días y ha logrado ser visto por cientos de miles de personas? ¿acaso no deberían estos portales filtrar estos contenidos o hacerse responsables de su difusión, más aún cuando ello les genera un gran ingreso de dinero por la venta de publicidad?
Claro que cuando alguien plantea un debate sobre ello, inmediatamente detractores sin fundamentos empiezan a emerger. "Nos quieren recortar nuestra libertad de expresión", "no a la mordaza", "viva la libertad total", son algunas de las expresiones que bociferan alegremente para defenderse sin esgrimir argumento sólido alguno.
Como es obvio, cuando nosotros planteamos un tema tan difícil como el filtrar, bloquear o censurar algo, sabemos que no siempre tenemos todos los argumentos, y reconocemos también que podemos estar equivocados, pero al plantear un debate buscamos encontrar mejores ideas, no insultos, tratamos de generar soluciones, no planteamientos tan ilógicos como "viva la libertad total", pues quien tiene claro el concepto de libertad sabe que ésta se termina cuando vulnera la libertad de otra persona.
Todo hace ver que, en estos días, el proponer un tipo de censura es un tabú, casi una blasfemia, pero no se mide el daño que una imagen o vídeo puede causar, no tanto para el que ve tales materiales, sino para quien se siente vulnerado y ve violado su derecho a la intimidad al ser protagonista de una historia de la que nunca quiso ser parte.
Cabe precisar que la difusión de escenas sexuales íntimas no están justificadas de ningún modo por una supuesta libertad de expresión de terceros. Debemos tener siempre presente que el buscar frenar la difusión de este tipo de materiales por medios tecnológicos no busca en modo alguno impedir una plena libertad de expresión ni de información, pues una relación sexual íntima no es de interés público ni un hecho noticiable, pues existe una prevalencia del derecho a la intimidad frente al de la información.

En estos arduos años en los que el equipo de la RCPI-Perú viene luchando contra la lacra de la pornografía infantil y otras formas de explotación sexual comercial infantil, hemos visto cosas tan aberrantes que podrían enfurecer al más santo y apacible monje. Violaciones sexuales de menores de edad, hombres y mujeres, bebés con pocos meses de nacidos, seres humanos que ven explotada su sexualidad para "beneplácito" de criminales sexuales, "clientes preferentes" de la industria sexual en el mundo. Y en este camino hemos aprendido que las soluciones no pasan solamente por colocar un filtro casero en una computadora, ni por detener a uno que otro pedófilo o pederasta por poseer pornografía infantil, sino que pasa por construir una sociedad más inclusiva, donde los niños y niñas vean defendidos plenamente sus derechos, donde se enfrente los altos índices de pobreza y desigualdad social, en el que la educación sea un hecho real y constante, donde la justicia sea sinónimo de verdad, donde las leyes, las penas y los procesos no se conviertan en una tortura para las víctimas y un instrumento de ayuda para los victimarios, una sociedad que se indigne frente al abuso y el dolor que puede sufrir un menor de edad, y que haga que esa indignación se convierta en el motor de una defensa y protección a dichos niños, niñas y adolescentes.
Enmudecer ante lo que viene ocurriendo nos convierte en cómplices. Querer ocultarlo y no plantear el debate público de temas como los aquí señalados nos coloca como responsables del dolor por el que las víctimas y sus familias transitan. Sabemos y reiteramos que no tenemos toda la verdad ni lo sabemos todo, pero lo que sí sabemos, y lo sabemos por una lógica deducción, es que si somos indiferentes, entonces somos cómplices.