Colombia: La trata de personas, mucho más que prostitución

Bogotá- Colombia.- (Ángela Castellanos Aranguren - Especial de SEMlac) La trata de personas en Colombia no tiene distingo de raza, género ni edad. No obstante, la mayoría de las víctimas son niñas y mujeres adolescentes, según reveló una investigación.
En efecto, en la primera semana de abril se conocieron los resultados del Estudio Nacional Exploratorio-Descriptivo sobre el fenómeno de Trata de Personas en Colombia, auspiciado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y realizado por la Escuela de Género de la Universidad Nacional de Colombia, con apoyo del Ministerio del Interior y de Justicia.
"Este trabajo nació del interés por conocer la situación de la trata de personas en Colombia, no sólo a nivel externo (internacional), sino interno, de la que se habla poco", explicó a SEMlac Ángela Tobón, coordinadora de la investigación.
El informe reveló que 54 por ciento de las víctimas son mujeres y 60 por ciento tienen entre siete y 18 años de edad. El siete por ciento son infantes de ambos sexos entre cero y seis años; 23 por ciento, personas entre 19 y 25 años; ocho por ciento, adultos entre 26 y 60 años; y uno por ciento colombianos mayores de 60 años.
La investigación se basó, fundamentalmente, en encuestas a los funcionarios públicos y organizaciones no gubernamentales que atienden víctimas o pesquisas relativas a las diversas modalidades del delito de trata de personas, tales como prostitución ajena (una tercera persona administra la ganancia), mendicidad ajena, matrimonio servil, reclutamiento y trabajo forzados, esclavitud, extracción de órganos y adopción irregular.
"Dado que el estudio se basa en evidencia empírica, sus resultados no son exactamente lo que está pasando, pero aporta elementos importantes que orientan el mapa", afirmó a SEMlac Fernando Ruiz, investigador de la Fundación Esperanza, que trabaja en prevención y atención a víctimas de trata de personas.
El informe identificó que el matrimonio servil y la adopción irregular son las modalidades más frecuentes de trata de personas a nivel externo, mientras las demás predominan internamente y la prostitución ajena está presente en ambos casos.
"La trata de personas tiene tres momentos: captación, acogida y explotación, los cuales son operados por diversos actores que actúan en red. Por ello es tan difícil perseguir este delito", explicó Tobón, profesora de la Universidad Nacional.
Los principales destinos de las víctimas colombianas a nivel internacional son Ecuador, seguido por España, Japón, Estados Unidos, China, Irán y Jordania.
"Identificar destinos latinoamericanos de trata de personas es un hallazgo importante que nos llama a hacer prevención Sur-Sur", anotó Ruiz, quien recordó que en marzo pasado se llevó a cabo una reunión de la Red Andina de Migraciones para analizar este fenómeno.
La trata de personas, junto con el narcotráfico y el mercado de armas, son los tres delitos más lucrativos a nivel mundial.
A nivel nacional, la investigación identificó a la guerrilla, los narcotraficantes y los proxenetas como los principales tratantes, es decir, las personas o redes que obtienen las ganancias.
"La guerrilla recluta a la fuerza a niños y niñas para usarlos en tráfico de armas y explotación sexual; mientras que los narcotraficantes reclutan de manera forzada a menores para el transporte de ilícitos", explicó la investigadora Tobón.
Ruiz acotó que, si bien el reclutamiento de menores está vinculado a otros delitos de violación de los derechos humanos, no deja de ser trata de personas, como lo pone de relieve la investigación.
En las modalidades de prostitución ajena y matrimonio servil es común el engaño. Las personas tratantes buscan mujeres en peluquerías, bares y plazas de mercado y, con ofrecimientos laborales las captan para la red de trata.
En enero se reportó un aumento de jóvenes desaparecidas en la ciudad de Cali, la capital de la región del Valle del Cauca, principal fuente de captación para la prostitución ajena.
"Las jóvenes reportadas son mujeres agraciadas y bonitas, lo que podría asociarse con un posible tráfico de personas, por lo que hago un urgente llamado a las caleñas y sus familias para que no se dejen engañar con falsas promesas de lograr buenos empleos como modelos o con viajes fáciles, pues podrían caer en una lamentable trampa", enfatizó Manuel Laureano Torres, Personero de Cali.
El estudio identificó que, según su condición racial, las víctimas son explotadas en diversas modalidades. Así, la comunidad negra está más presente en prostitución ajena y turismo sexual; la indígena en mendicidad ajena y servidumbre; y la mestiza en matrimonio servil y prostitución ajena.
Estos hallazgos coinciden con el aumento del turismo sexual en la caribeña Cartagena de Indias, que ha despertado las alarmas, por tratarse del delito de trata de personas en menores de edad.
Entre los más reveladores hallazgos sobre la trata de personas a nivel nacional se destaca la identificación de médicos, abogados y funcionarios públicos como auxiliadores del delito.
En el caso de los galenos, Tobón explicó que, por ejemplo, algunos cirujanos plásticos acceden a realizar operaciones estéticas a cambio de que la persona pague mediante servicios de prostitución. Agregó que se dan casos de abogados y funcionarios inescrupulosos que facilitan documentos falsos usados para sacar a menores del país.
Otros auxiliadores son los mismos padres y madres. En ciertas zonas del país estos entregan a sus hijas para el servicio doméstico (servidumbre) o sexual (esclavitud, turismo, prostitución), a cambio de unos ingresos.
El estudio también reveló un bajo conocimiento de los instrumentos legales por parte de los funcionarios encargados de atender este delito. Si bien existe un relativo manejo de la ley 985 de 2005, que penaliza la trata de personas en Colombia, hay mucho desconocimiento del Protocolo de Palermo, del cual este país es signatario.
La investigación concluye con recomendaciones perentorias como la creación de un registro único nacional, pues hay poca coherencia en las cifras que manejan los diferentes organismos estatales, según afirmó Tobón.
Así mismo, llama a formar a funcionarios con un perfil específico para atender a las víctimas, de manera que se les reconozcan sus derechos, se les ayude a romper el silencio y a no ser tratadas como cómplices del delito por haber aceptado.
Finalmente, reitera la necesidad de adelantar campañas permanentes, no sólo dirigidas a la población en general, sino también a las familias, para evitar el aval de los progenitores y que los hijos e hijas caigan en el engaño.