Padres prostituyen a sus hijos por menos de medio dólar en Perú

Lima - Perú.- (EFE) Muchas familias pobres prostituyen a sus hijos por un nuevo sol (unos 0,34 dólares) en el interior de Perú, donde también se denunció que niños de hasta tres años son violados en vídeos pornográficos, informó hoy la prensa local.
"Muchas familias del interior del país, por ejemplo, en (la ciudad amazónica de Iquitos), alquilan a sus hijos por dinero. A cambio de un nuevo sol o de un cuarto de pollo, los conminan a prostituirse en canoas", denunció la directora de Acción por los niños, María Teresa Mosquera, en una columna publicada por el diario Perú.21.
La defensora de los derechos de los niños también señaló que estas familias entregan a sus hijos a las mafia con el fin de tener mejores condiciones económicas o adquirir algunos lujos.
Acotó que los delincuentes sexuales muchas veces convencen a sus víctimas por internet, el 'chat' o las redes sociales.
Por su lado, la Red Peruana contra la Pornografía Infantil denunció que sus especialistas han detectado que diversas bandas extranjeras se aprovechan de la oferta sexual de menores que hay en las zonas más pobres del país para grabar vídeos pornográficos, material que después es vendido en el mercado negro.
"Tenemos información de que las grabaciones las realizan en la selva del Perú, en ciudades como Iquitos, Pucallpa y Madre de Dios", dijo el presidente de la Red, Dimitri Senmache.
El experto acotó que niños y niñas serían vejados desde los tres años ante la cámara e incluso algunos de los menores son asesinados o llevados al extranjero para prostituirse o a realizar trabajos de todo tipo, según Perú.21.
Las bandas también operarían en las ciudades turísticas de Cuzco y Puno, donde los vídeos presuntamente son grabados por extranjeros.
Fuentes de la Policía peruana revelaron al rotativo que algunos de los vídeos con pornografía infantil son vendidos en centros comerciales de Lima, tras subrayar las dificultades que afrontan las autoridades para dar con el material ilegal como las demoras para emitir órdenes de detención o las normas para proteger el secreto de las telecomunicaciones.