Algunos vínculos entre el poder político y la explotación sexual infantil

Lima - Perú.- (Escribe: Dimitri N. Senmache Artola - Presidente de la RCPI - Perú) La explotación sexual de menores de edad es quizá uno de los delitos más abominables que existen en el planeta, pero a su vez uno de los más rentables para el crimen organizado.

Desde los albores de la humanidad, diversos grupos de personas, mujeres y niños en su mayoría, fueron vistos como mercancía por quienes conquistaban sus tierras. Sin embargo, esta criminal forma de actuar era encubierta por un manto de legalidad, pues la esclavitud y el comercio de esclavos era en ese entonces algo lícito e incluso tolerado por la iglesia.

Con el transcurrir de la historia, y abrogada las leyes que sostenían la esclavitud en la mayoría de los países, el delito de la explotación del ser humano dejó de ser llamado “trata de blancas” y fue definido como “trata de personas”. Cabe señalar que es con la Convención de Saint German para la completa supresión de la esclavitud (Paris 1919) que se amplía recién la protección a todos los seres humanos, sin hacer distinción de razas ni sexo.

No obstante, y a pesar de las innumerables convenciones y tratados suscritos por los Estados en todo el mundo, y que tienen por objeto frenar y erradicar toda forma de explotación del ser humano, lo cierto es que el delito de Trata de Personas ha ido en aumento, quizá promovido por el enorme beneficio económico que el delito brinda a las organizaciones criminales que lo sostienen.

Latinoamérica no sólo no ha estado exento de esta triste y cruda realidad, sino que, junto a continentes como África y Asia, ha sido una de las principales fuentes para la captación de víctimas. Y la modalidad más extendida de explotación ha sido y sigue siendo la sexual, donde las víctimas menores de edad son, para el crimen organizado, quizá la “mercancía” más preciada.

Esta situación ha hecho que las redes de trata de personas busquen, a partir del poder económico que han obtenido con la explotación de seres humanos, los nexos suficientes con el poder político para no ser perseguidos, detenidos, procesados y/o sentenciados.

La relación que existe entre la explotación sexual infantil y el poder político en Latinoamérica no es nueva o reciente, y se ve reflejada en diversos casos que, vistos de forma aislada no nos permiten comprender cómo es que el poder que adquieren las organizaciones criminales  sirve finalmente para vincularse con un sector del poder, con la esperanza de que puedan lograr la impunidad que buscan.

En Chile, en el año 2002, el empresario Claudio Spiniak fue detenido, sindicado inicialmente como parte de una red de narcotráfico, del cual logró salir librado. Sin embargo, un año más tarde fue nuevamente detenido, esta vez acusado de integrar una red de pornografía infantil. No obstante, el caso tomó un giro inesperado cuando la diputada Pía Guzmán acusó a tres parlamentarios de estar vinculados a esta red de pedófilos y pederastas. A pesar de ello, la justicia de Chile no encontró responsabilidad en los acusados y fueron absueltos. Cabe indicar que los agentes policiales Claudio Palma y Mauricio Madrigal, investigadores primarios del caso, fueron en un primer momento condecorados y posteriormente dados de baja por incumplimiento de deberes militares. La razón fue la “pérdida” de 22 videos en los que se mostrarían a los invitados que participaban en las fiestas que Spiniak organizaba y en el que también eran abusadas menores de edad.

En México, en el año 2005, el empresario de Puebla, de origen libanés, Kamel Nacif, fue sindicado por la periodista Lydia Cacho, a través de su libro “Los Demonios del Edén”, como uno de los protectores de Jean Succar Kuri, empresario dueño de diversos hoteles en Cancún y preso por cargos de pornografía infantil y abuso sexual infantil. El hecho hubiese quedado en el ámbito policial y no llegar al ámbito político si en el año 2006 el reconocido periódico La Jornada no hubiese dado a conocer los audios con grabaciones de conversaciones telefónicas sostenidas entre Kamel Nacif y el entonces Gobernador del Estado de Puebla, Mario Marín, conocido desde ese momento como “El Gober Precioso”, dado que en las conversaciones Nacif agradece al Gobernador por haber ordenado la detención ilegal de la periodista Lydia Cacho en Cancún y trasladarla, vulnerando toda norma federal, al Estado de Puebla, donde intentó que abusaran sexualmente de la periodista en la cárcel donde fuera llevada. La orden ilegítima para la detención de la periodista fue dada por la Juez Rosa Cecilia Pérez, luego de ser sobornada con un viaje a las Vegas. En los audios que difundió el diario La Jornada se puede escuchar cómo Nacif ofrece al Gobernador, como forma de agradecimiento, “dos jóvenes botellas de coñac”, que se especula tuvo un sentido diferente al que aparenta, pues se dijo se trataría de dos jóvenes menores de edad. Esta grave acusación y la aparición de estos audios obligaron al PRI a deslindar con el Gobernador Mario Marín.  Sin embargo, y a pesar de que inicialmente muchos políticos, entre diputados y senados, así como Ministros de Estado, pidieron una exhaustiva investigación, los tentáculos del poder hicieron que este proceso tardara más de dos años y, finalmente , y a pesar de las pruebas fehacientes, se exculpara al Gobernador. Se especula que existió un acuerdo entre el PRI y el PAN para proteger al Gobernador. 

En junio del año 2009, Mario Marín volvió a llamar la atención de la prensa mexicana. En esta oportunidad debido a una serie de videograbaciones en las que se muestra cómo, en el año 1999, sostuvo presuntamente relaciones sexuales con la joven identificada como Jessica Z, que, se dice, tenía 17 años de edad. Ello habría sucedido cuando el funcionario ocupaba el cargo de presidente municipal de Puebla de Zaragoza y ella era una estudiante. De las grabaciones se puede recopilar que la relación duro 1 año y 9 meses.

No obstante y a pesar de las pruebas, el gobierno del estado salió en su defensa, incluso alegando que iniciaría acciones legales contra los que resulten responsables del espionaje telefónico: “Son videos alterados que no corresponden a la realidad, son creaciones. Si corresponde se interpondrá una denuncia (por espionaje telefónico), son conversaciones tergiversadas” mencionó Francisco Díaz Gil, subsecretario de Asuntos Jurídicos.

Recientemente, en el Distrito Federal, se han revelado audios que darían cuenta de una gran red de explotación sexual que venía siendo operada desde las propias oficinas del PRI. Los audios implican directamente a operadores y principales representantes de dicho partido.

Una testigo clave mostró el modus operandi, bajo el cual reconocidos políticos como Israel Betanzos Cortés, secretario de Operación Política y del Movimiento Territorial del PRI; el diputado local Armando Tonatiuh González Case, y Cristian Vargas Sánchez, quien es el actual presidente del Comité Directivo del PRI en la Delegación Gustavo A. Madero, operaban desde la sede del PRI-DF una red de trata de personas que, bajo las ordenes de Gutiérrez de la Torre, quien tenía más de 12 años al frente de esta red.

Este caso está siendo investigado actualmente en México y podría ser la punta de un iceberg que terminaría por descubrir cómo opera el delito de trata de personas en México.

En Argentina, en el año 2012, se denunciaron presuntos vínculos entre líderes políticos y las redes de trata de personas con fines de explotación sexual. La señora Susana Trimarco, madre de María de los Ángeles Verón, secuestrada por una red de trata de personas en el 2002, declaró indignada que “como una estúpida iba a la Casa de Gobierno. Digo estúpida porque estaba la mafia ahí". Ella recordó que al momento de la desaparición de su hija, las autoridades no quisieron tomar su denuncia, indicándole que “deben pasar 72 horas desde la desaparición para poder ingresar ésta al sistema”. Esta actitud de la autoridad sólo ayudó a que la red de trata que secuestró a Marita, tuviera éxito y no fuera atrapada.

Susana Trimarco recibió el Premio Internacional a las Mujeres con Coraje en el 2007, otorgado por el Departamento de Estado Norteamericano. Ella llegó incluso a hacerse pasar por prostituta en un intento para obtener datos sobre el destino de su hija, que por desgracia, aún permanece desaparecida.

A pesar de las pistas falsas y amenazas de muerte que recibió Susana Trimarco, logró obtener evidencias de la existencia de redes de trata de personas que operan en las provincias argentinas de La Rioja, Tucumán, Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz, muchas veces con la anuencia o complicidad de las autoridades.

En Costa Rica, en enero de 2014, el candidato a diputado por el Partido Nueva Generación, Rolando Sánchez González, se vio obligado a renunciar a su candidatura, luego de que una investigación diera a conocer que dicho candidato estaba siendo investigado por abuso sexual a una menor de edad.

En Guatemala, en julio de 2013, el hijo de un importante magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fue detenido durante un operativo en Mazatenango, junto a siete personas más, al formar parte de una red internacional de trata de personas para su explotación sexual. César Crisóstomo Barrientos Aguilar, de 41 años, formaba parte de una red que ofrecía los “servicios sexuales” de menores de edad, entre 13 y 17 años, a funcionarios y empresarios. Para ello, contaban con un catálogo, donde los “clientes” podían apreciar las características de las menores de edad y los precios por cada una de ellas. Entre sus clientes se encontraron a varios diputados y empresarios de renombre.

En Uruguay, en julio de 2013, el Secretario general de la Intendencia de Paysandú, Horacio de los Santos, fue expulsado de sus filas partidarias tras verse vinculado con el delito de explotación sexual de menores de edad. Este funcionario terminó por ser defenestrado de su cargo y fue condenado por este grave delito, pero sin embargo, no purgó prisión alguna.

En el Perú, el caso reciente del Congresista Víctor Grandez no deja de llamar nuestra atención, no tanto por el atroz delito en el que estaría involucrado este funcionario del Estado, sino en la permisividad e indiferencia de sus similares en el Parlamento, quienes conociendo esta posible vinculación del Congresista con la explotación sexual infantil desde hace ya un año, es decir, en el 2013, no actuaron de forma adecuada, decidida ni enérgica. Sólo es a partir del escándalo desatado el pasado domingo, luego de que un medio televisivo propalara un reportaje donde se muestra a una menor de edad (14 años) siendo explotada sexualmente en el hostal “Toro Bravo”, de propiedad de su madre, una anciana de 80 años, y que se presume que sólo aparece como testaferro en el papel, encubriendo la verdadera titularidad que recaería en el Congresista Grandez, que diversos grupos políticos, funcionarios y Ministros de Estado han salido a condenar este hecho.

Aquí la pregunta que cae de madura es: ¿por qué no se actuó antes?, ¿acaso se requiere siempre de un escándalo mediático, que remueva los cimientos de la política, para que las autoridades hagan algo? Es penoso que todo indique que el cálculo político está por sobre los derechos de la infancia.

Ojalá y este penoso caso no sólo permita el desafuero del funcionario implicado, sino que genere una investigación seria y profunda, que acabe en una condena ejemplar a quienes resulten responsables, sin que se proteja a nadie por cálculo político alguno. Además, sería importante que este hecho se convierta en un hito en el país, para que los funcionarios que hoy salen por cuanto medio masivo existe, se comprometan a seguir luchando, coordinadamente, contra toda forma de abuso y explotación sexual, en especial en aquellas formas de trata de personas en las que las víctimas son menores de edad.

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